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Abrir el paraguas

Intendencia de Canelones se propone crear la categoría “centros poblados rurales” para proteger a sus pobladores de fumigaciones.

Las denuncias que ha hecho un grupo de vecinos de Paso Picón ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), los ministerios de Salud Pública y Ganadería, Agricultura y Pesca y la Intendencia de Canelones (IC) parecerían estar dando sus frutos. Los vecinos han demostrado la deriva de las fumigaciones que hace un productor de la zona, Máximo Castilla, y en paralelo han concretado una serie de reuniones con autoridades departamentales y nacionales. El viernes hubo un nuevo encuentro. Se realizó en la escuela rural Nº 34 de Paso Picón, a la que concurrieron representantes de la IC -Leonardo Herou, director de Gestión Ambiental, y José Freitas, director de Gestión Territorial-, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) -Inocencio Bertoni, director de Servicios Agrícolas, el inspector Fabio Comotto, Mariana Hill, directora de Recursos Naturales Renovables, y una integrante de la dirección departamental de Canelones-, del Ministerio de Salud Pública (MSP) -Carmen Ciganda, responsable de Salud Ambiental y Ocupacional, y la directora departamental de Canelones, Adriana Pisani-, de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) -su nuevo director, Alejandro Nario-, del Consejo de Educación Inicial y Primaria -la directora de la escuela, la inspectora y la coordinadora de escuelas rurales de la zona-, del equipo técnico de la INDDHH -Rosana Medina y Milka Pérez- y Mabel Burger, ex directora del Centro de Toxicología. Concurrieron entre 25 y 30 vecinos, padres y madres de escolares, y productores de la zona y de otras áreas del departamento que se han visto afectados por fumigaciones con agroquímicos.

El encuentro se llevó a cabo una semana después de que las autoridades tuvieran una reunión interinstitucional en la IC, con el objetivo de “ajustar los protocolos de respuesta a las denuncias e inquietudes planteadas por vecinos para que exista la mayor coordinación posible y nos permita tener una devolución a todas las instituciones y a los vecinos”, especificó Herou en diálogo con la diaria. Aquel encuentro, propuesto por la IC, tenía otros dos cometidos, añadió Herou: “avanzar en situaciones puntuales y complejas como la de Paso Picón y avanzar en soluciones de fondo mirando Canelones”.

Herou anunció que la IC propuso que “en las definiciones de ordenamiento territorial se reconozca que dentro de la zona rural hay lugares de mayor concentración de población”. A su entender, sería una forma de “encontrar instrumentos que nos permitan tomar medidas y definiciones para que, cuando alguien tenga que fumigar, no se haga en zonas con determinadas características, como puede ser la de Picón, a no ser que se haga a una distancia equis”. Sucede que el MGAP prohíbe las fumigaciones aéreas y terrestres -a menos de 500 metros y 300 metros, respectivamente- de cualquier zona urbana, suburbana o centro poblado, pero eso no corre para las áreas rurales, donde sólo está prohibido que el productor fumigue cuando el viento es superior a diez kilómetros por hora (lo que provoca la deriva en los campos aledaños). Los vecinos se oponen a que su zona sea catalogada como suburbana, porque eso le haría perder la condición de rural (lo que limita el desarrollo de actividades productivas, la condición rural de la escuela y un cambio en el valor de los predios).

Adriana Pascual, vecina de Paso Picón, dijo a la diaria que luego de crear la categoría de “centros poblados rurales” el MGAP tendría que incluirlos en el decreto que limita el área de fumigación. Herou explicó que “las distintas áreas del gobierno nacional -Dinama, MGAP, MSP- incorporarían esta propuesta con el objetivo de ir ajustando y articulando la normativa y las competencias, con el objetivo de proteger la salud y el ambiente”.

Bertoni dijo que “nos fuimos con dos deberes”. Uno es profundizar el protocolo de actuación entre el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el MSP y el MGAP, y el otro es analizar o revisar la propuesta de “tratamiento diferencial” de una zona rural en función de su población, puntualizó. “Tenemos que chequear cómo lo incorporamos a los organismos de carácter nacional, y darle luz verde”, dijo, pero acotó que “el MGAP no tiene que hacer ninguna modificación, tiene que contemplar si existe en la ordenanza municipal alguna restricción adicional. Discutimos en conjunto la propuesta concreta de ordenamiento que hace el gobierno departamental de Canelones, pero yo no adelantaría cosas ni especularía”.

Las diferentes partes hicieron un balance positivo de la reunión. Pascual saludó también que las autoridades del MSP y del MGAP hayan reconocido que había sido afectada la salud de los vecinos que habían presentado denuncias y que el titular de Dinama haya mencionado que estaba claro que se trataba de un grupo que no tenía fines políticos ni económicos. Pero sobre todo, “el grupo está esperanzado por los conceptos vertidos por las autoridades respecto de que la solución llegue muy pronto, como se comprometieron”, advirtió Pascual.

Amanda Muñoz

La Diaria, 16 de marzo de 2015

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