Nº 17 – UN AÑO DE HISTORIA NO ES PAYE

Los procesos de organización de los asalariados rurales en la historia de Uruguay han estado, en general, colmados de grandes desafíos y costosos avances. Esta situación se puede explicar por las condiciones del empleo rural, en particular relacionadas a la dispersión geográfica de los asalariados y al bajo requerimiento de mano de obra por superficie productiva, a lo que hay que sumar las particularidades sociales y culturales del espacio rural.

En esta última dimensión quiero detenerme para destacar el rol histórico que han cumplido las gremiales empresariales, principalmente la Asociación Rural del Uruguay (ARU) y la Federación Rural, en una continua construcción de poder simbólico. Esta construcción de poder es fácil de observar y se desprende de los discursos de la ARU en cada cierre de su Expo Prado, en los que abordan una agenda cada vez más amplia, ocupándose de todos los temas de interés y disputa que ocupan a la derecha más áspera y conservadora del país.

El desarrollo de esta habilidad les ha permitido ocultar las graves condiciones de trabajo y de vida en las que se encuentran muchos asalariados rurales. En tal sentido, le han puesto a la relación laboral un disfraz de relación familiar que ha ayudado a controlar y frenar todo tipo de regulación laboral en el medio rural, que según la propia ARU genera “un distanciamiento entre los productores y sus colaboradores, cuando la historia demuestra que ha existido un relacionamiento armónico entre las partes siendo prácticamente inexistente la conflictividad laboral” (discurso de la ARU en la Expo Prado 2006).

Un par de hechos recientes ratifican esta tradición. En la última ronda de los Consejos de Salarios las gremiales empresariales propusieron 0% de aumento salarial para los trabajadores rurales para los próximos tres años, y en una nueva edición de la Expo Prado prohibieron el ingreso a representantes de los sindicatos rurales -a quienes consideraron “personas no gratas”-, al tiempo que desde el palco del Prado clamaban para la tribuna urbana, en su incesante tarea de construir poder simbólico, que “siempre tendrán a esta ARU buscando lo mejor para el trabajador rural y su familia, ayudando en su diario vivir, en sus derechos, en su formación y la de sus hijos, en su desarrollo económico y personal” (discurso de la ARU en la Expo Prado 2013).

Ante el exabrupto de la Expo Prado, el PIT-CNT resolvió apoyar decididamente a los trabajadores rurales, recordando la vocación antidemocrática de una gremial empresarial que hizo pública su adhesión al golpe de Estado de 1973, y convocando a concentrar en las puertas de la ARU durante el paro general parcial del martes 29.

Es en este marco de dificultades que ocultan las penosas y desiguales relaciones sociales del medio rural, que hay que celebrar que hoy se cumple un año de la histórica asamblea realizada en Pueblo del Barro (Tacuarembó), donde asalariados de la ganadería pusieron en común sus problemáticas, tales como “irregularidades constatadas en condiciones laborales referidas a remuneración, habitacionales, trabajadores extranjeros indocumentados, excesos de horas de jornada laboral sin remuneración, no aportando jornales al Banco de Previsión Social, no remuneración por tareas especializadas, liquidación de salario vacacional y licencias irregulares, necesidad de apoyo de las dependencias controladoras de la dependencia obrero-patronal”.

Fue ante estas denuncias que la asamblea propuso formar un sindicato que organice a los asalariados del rubro ganadero. Así nació el 28 de octubre de 2012 el Sindicato de Peones de Estancias (Sipes), que actualmente tiene presencia territorial, con dirigentes, en varias localidades de Tacuarembó, entre ellas Ansina, Pueblo del Barro, Punta de Carretera, Las Toscas de Caraguatá y Paso de los Novillos.

En este primer año de vida el sindicato, que cuenta con más de 100 afiliados, ha representando a los asalariados de la ganadería en la actual ronda de los Consejos de Salarios, dio seguimiento a las inspecciones laborales, facilitó la restitución de un asalariado expulsado por persecución sindical y desarrolló múltiples actividades sociales en la escuela de la comunidad. Continuar la construcción y fortalecimiento de la organización sindical de los trabajadores del rubro ganadero, un rubro que ocupa 35.000 trabajadores, de los cuales 65% gana menos de 14.000 pesos por mes, es un histórico y enorme desafío que los compañeros tienen por delante, en un medio duro, en el que muchos patrones no quieren que les “vengan a poner leyes” y no tienen intención de reconocer derechos consagrados constitucionalmente.

Erik Russi
La Diaria, 28 de octubre de 2013

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